Parlamentarios rechazan excluir a Ues estatales de gratuidad: «Podría hipotecar el futuro de la reforma»

Ante la posibilidad que evalúa el Gobierno de enviar una ley corta al Congreso para incluir a algunas universidades privadas en la gratuidad -que dejaría fuera a tres planteles estatales- parlamentarios de la Nueva Mayoría hicieron un llamado a priorizar a las instituciones del Estado y no ceder frente a las presiones de la derecha. La diputada del PC y presidenta de la comisión de Educación de la Cámara Baja, Camila Vallejo, dijo que de concretarse la medida «no sólo involucra más recursos sino que legitima esta idea neoliberal propia de la derecha de la igualdad de trato, es decir, que el Estado tiene que colocar por igual a instituciones que son suyas y a las privadas, cuestión que es una aberración jurídica». «Creemos también que el sistema privado debe incorporarse pero a través de un marco regulatorio; no podemos entregar miles de millones a universidades cuestionadas y con un marco insuficiente», señaló. Asimismo, la parlamentaria dijo que si bien se entiende que el Gobierno «este presionado», agregó que hay que seguir «firme» y con «convicción» con el programa presidencial, porque de lo contrario «se podría estar hipotecando el futuro de la reforma educacional». Por su parte, el presidente del PPD, senador Jaime Quintana, dijo que un acuerdo de este tipo «blanquea a la derecha». «Nos parece que en esto el Gobierno está procediendo con miedo y no se puede gobernar con miedo. Si la derecha va a seguir amenazando con que va a recurrir nuevamente al TC que lo haga, que saque número, que instale una carpa afuera del TC ahora que está en el barrio alto, pero que asuma su responsabilidad», dijo el parlamentario. Y añadió que «no cabe ninguna duda de que ésta es una propuesta de la derecha, y hay que asumirlo, y cuando se pacta con la derecha sabemos los resultados». En tanto, el senador del PS, Fulvio Rossi, hizo un llamado al Gobierno a «hacerse cargo de sus propias universidades. Universidades estatales regionales que han sido abandonadas por el Estado por décadas, que reciben menos recursos, que se quedan con alumnos más vulnerables y que incluso han bajado aranceles para facilitar el acceso de estos jóvenes». «Cuando tres planteles se excluyen porque tienen un año menos de acreditación, pese a estar acreditadas, pensamos que el Estado está renunciando al rol que le corresponde en la educación superior», subrayó.