Políticos son testigos clave en el juicio contra suspendido alcalde de Llanquihue

Audiencias se extenderán por tres semanas y contemplan la declaración de 60 testigos y nueve peritos. Consejo de Defensa del Estado presentó una querella y es parte acusadora. 90 DÍAS. Fiscalía espera aportar más pruebas y defensa quiere conocer en detalle el caso. Ministerio Público busca cerrar causas.

Consejeros regionales, diputados, alcaldes y ex alcaldes, serán parte de los testigos que prestarán declaración durante el largo juicio que comenzó ayer en el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Puerto Montt, contra el alcalde (suspendido) Juan Fernando Vásquez, un concejal, un ex funcionario municipal y un abogado, por malversación de caudales públicos, entre otras acusaciones.

La sala estaba repleta de público, pero lo que más llamó la atención son los 11 abogados y cuatro imputados, que desde ayer comenzaron a intervenir en un juicio que se va a extender por tres semanas.

Durante las audiencias se considera la intervención de alrededor de 60 testigos y nueve peritos contables, algunos de ellos de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI.

Serán funcionarios municipales, algunos de ellos nombrados en la acusación, las escuchas telefónicas y la revisión de los correos electrónicos, entre otras pericias, lo que dará vida a este juicio, cuyos jueces son José Bustos, Jaime Rojas y Francisco del Campo, éste último juez presidente de sala.

Durante esta jornada se considera el testimonio de dos de los cuatro acusados: Luis Saavedra, ex jefe de Finanzas de la Municipalidad de Llanquihue, y el abogado Miguel Urrutia Tobar, quien incluso fue autorizado por los magistrados para que ejerza defensa a su favor. El suspendido alcalde Juan Fernando Vásquez y el concejal (PS) Fernando acuña, analizarán durante el juicio si prestan declaración.

Testigos

Durante la próxima semana, entre los testigos que declararán en el Tribunal Oral, se encuentra el ex alcalde de Llanquihue, Walterio Vargas, quien es testigo de la Fiscalía de Puerto Varas. Curiosamente, fue esta instancia que exactamente hace cinco años logró condenarlo por malversación de caudales públicos.

También, llegarán al juzgado como testigos de la defensa el diputado (PS) Fidel Espinoza, su hermano el alcalde de Frutillar Ramón Espinoza y el consejero regional (PS) Manuel Ballesteros, entro otros políticos de la región.

Durante la jornada de ayer, el magistrado Francisco del Campo dio lectura a la acusación y posteriormente cada uno de los intervinientes (11 abogados) dieron a conocer sus posturas, entre ellos el abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Rodrigo Tejos.

Decretos

El fiscal que lleva el caso, Marco Muñoz, que se hizo acompañar del fiscal Naín Lamas, fue el primero en intervenir.

Explicó en forma detallada la acusación. «En el examen de Contraloría en los decretos de pago se encontraron diferencias en los montos e irregularidades». El persecutor explicó que existen decretos para cancelar sin pagos acreditados, e incluso algunos realizados en dos oportunidades.

Se pagaron remuneraciones de los Programas de Empleos a personas que no tenían domicilio en Llanquihue. «A dentistas, arquitectos y profesionales que no calificaban para estos empleos», aseveró el persecutor.

Entre los decretos de pago, figura la madre del ex jefe de finanzas, Luis Saavedra. En total son 39 millones de pesos rendidos con esta modalidad y en planillas falsificadas, de acuerdo a la acusación fiscal.

Ninguno de los abogados defensores se refirió al juicio, sólo habló Miguel Urrutia, defensor del abogado Miguel Urrutia Tobar. «Desde un inicio apostamos por la absolución absoluta de todos los cargos que se formularon, porque este ha sido un procedimiento irregular desde el inicio, desde la diligencia de registro e incautación que se publicitó por todos los medios de comunicación en contra de mi padre», aseveró.

Urrutia criticó al Ministerio Público por el accionar, y dijo que había un pronunciamiento de la Corte Suprema.

El abogado del CDE Rodrigo Tejos manifestó que la labor del consejo es intervenir en aquellos delitos que hayan sido cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y precaver el patrimonio fiscal. «En este caso, habiendo sido delitos que produjeron esos perjuicios cabe la presentación de la querella y demanda civil», adujo.